Desde las fronteras terrestres hasta las terminales de transporte regional, Nicaragua ha implementado una nueva política que prohíbe a los turistas llevar Biblias y otras publicaciones al ingresar al país, una medida que ha generado alarma entre defensores de la libertad religiosa y de expresión. Esta restricción, que incluye tanto ediciones impresas como digitales, se suma a una lista más amplia de objetos que ahora están vetados al cruzar los puntos limítrofes desde países vecinos.
La decisión fue dada a conocer a través de avisos colocados en estaciones de autobuses de empresas que conectan con la capital, Managua. En esos listados se detallan artículos como periódicos, revistas, libros de cualquier tipo, drones y cámaras, junto a objetos que tradicionalmente se encuentran en controles de aduana, como alimentos perecederos y herramientas punzantes. Representantes de la misma empresa confirmaron que dichas restricciones se aplican desde hace más de seis meses en las rutas hacia Nicaragua.
Nicaragua y el control de publicaciones en fronteras
Organizaciones que monitorean la libertad de culto han señalado que estas prohibiciones no ocurren en un vacío, sino en un contexto más amplio de limitaciones a las libertades civiles dentro de Nicaragua. Los críticos de esta política argumentan que vetar el ingreso de Biblias, junto a otros materiales impresos, representa una erosión de derechos fundamentales que afectan tanto a visitantes como a residentes religiosos en el país centroamericano.
En declaraciones públicas, defensores de los derechos religiosos han solicitado al gobierno de Nicaragua reconsiderar y levantar estas restricciones, señalando que atentan contra la libertad de religión y de creencias. Este llamado hace hincapié en que prohibir libros sagrados, periódicos o revistas puede tener un efecto disuasivo sobre la libre circulación de ideas y prácticas de fe, pilares esenciales en sociedades que respetan las libertades individuales.
La medida se suma a una serie de acciones emprendidas por las autoridades en los últimos años que han afectado a organizaciones civiles y religiosas. Desde 2018, miles de asociaciones no alineadas con el gobierno han perdido su personalidad jurídica, y un número significativo de grupos de fe han enfrentado vigilancia, cancelación de eventos públicos y otras formas de restricciones operativas. Observadores internacionales han documentado que este entorno ha reducido espacios de expresión y participación en la vida pública de Nicaragua.
Aunque algunos defensores del gobierno argumentan que la prohibición de transportar ciertos materiales al país es una prerrogativa estatal para mantener el orden y la seguridad en las fronteras, organizaciones internacionales y líderes religiosos han insistido en que estas medidas deben ser revisadas para no contravenir los principios básicos de libertad religiosa y de prensa.
En este contexto, la comunidad internacional observa de cerca el desarrollo de políticas relacionadas con los derechos humanos en Nicaragua, en particular aquellas que parecen restringir la entrada de publicaciones religiosas y otros materiales culturales o informativos. La situación continúa siendo objeto de debate entre gobiernos, organizaciones de defensa de derechos y la sociedad civil preocupada por las repercusiones de estas decisiones.
