El debate sobre el impuesto a las iglesias y a las entidades religiosas en Colombia ha vuelto a encenderse con la más reciente propuesta de reforma fiscal del gobierno del presidente Gustavo Petro. La iniciativa, que ha generado sorpresa y preocupación en diversas comunidades de fe, busca que las congregaciones comiencen a tributar sobre actividades que no estén directamente relacionadas con el culto, la caridad o la educación.
Según los informes de medios como Infobae y El Colombiano, el borrador de la reforma establece que, aunque los ritos, el sostenimiento de los templos y las labores sociales seguirían exentos, los negocios que sean propiedad de las iglesias o estén operados por ellas sí deberán pagar impuestos como cualquier otra empresa comercial. Esto incluye desde librerías y restaurantes hasta parqueaderos y otros emprendimientos que generen lucro.
El nuevo impuesto a las iglesias en Colombia y sus implicaciones
La medida, de ser aprobada, marcaría un cambio significativo en el panorama fiscal para las comunidades cristianas en el país. Durante décadas, las iglesias han gozado de una exención tributaria especial, reconocida por su aporte social y espiritual a la nación. Sin embargo, el gobierno argumenta que es necesario «poner la casa en orden» y garantizar que todas las actividades comerciales compitan en igualdad de condiciones, sin importar quién sea el propietario.
La propuesta especifica que las iglesias tendrían que declarar y pagar impuestos sobre los ingresos generados por sus actividades comerciales, así como sobre el patrimonio que no esté directamente vinculado al propósito religioso. Esto ha abierto un profundo debate sobre qué se considera «comercial» y qué es parte del sostenimiento de la obra de Dios. Para muchos líderes y pastores, los recursos obtenidos a través de diferentes iniciativas son reinvertidos en su totalidad en la misión de la iglesia: desde la ayuda a los más necesitados hasta la expansión del Evangelio y el mantenimiento de sus instalaciones.
La discusión ahora se centra en cómo esta ley podría afectar la capacidad de las congregaciones para llevar a cabo su labor. Existe el temor de que un impuesto a las iglesias, incluso si se limita a ciertas actividades, pueda reducir los recursos disponibles para programas de ayuda, misiones y el sostenimiento de pastores y obreros. Desde la perspectiva protestante, donde la autonomía de cada congregación es fundamental, esta medida es vista por algunos como una posible injerencia del Estado en la administración de los recursos que, en fe, son aportados por los creyentes para la obra del Señor.
El gobierno colombianno ha insistido en que no se tocarán los diezmos, las ofrendas ni las donaciones destinadas al culto. No obstante, la línea que separa una actividad de sostenimiento de una puramente comercial es, en muchos casos, delgada y sujeta a interpretación, lo que genera incertidumbre en el ámbito cristiano sobre el impuesto a las iglesias. El debate apenas comienza y se espera que las iglesias de todo el país fijen una postura clara frente a este nuevo desafío fiscal.
